La política es un instrumento de transformación cuando es usada por mujeres y hombres comprometidos con la justicia. Desafortunadamente, para millones de personas habitantes de la Ciudad de México en los últimos años, fue usado para el beneficio de unos pocos.
En diciembre 2018 recibimos una Ciudad con un sentimiento de abandono, de inseguridad y con una percepción generalizada de incapacidad del gobierno para enfrentar los problemas. La relación ciudadano-gobierno se limitaba al cumplimiento de trámites administrativos con criterios obsoletos lejanos de las mejores prácticas asociadas a los nuevos instrumentos tecnológicos.
En el discurso se hacía referencia a criterios modernos de actuación, como el presupuesto basado en resultados, sólo como marco referencial ornamental, persistía un aparato de gobierno orientado por prácticas inerciales, en una anomalía cíclica de repetición de acciones en espera de resultados diferentes.
Dos indicadores demuestran la falta de efectividad de la acción de gobierno: los resultados de la política social y de las políticas públicas de seguridad. En ambas los resultados corrieron en sentido contrario al deseado. El número de personas en condición de pobreza aumentó en la Ciudad de México, de representar 27.6 por ciento en el año 2016, para el año 2018 este porcentaje había aumentado a 30.6 por ciento. En los últimos 3 años del sexenio anterior el crecimiento de la incidencia delictiva en la Ciudad de México fue una constante, para el periodo enero a julio 2017 se registró 12.8 por ciento de crecimiento respecto a 2016 y 17.9 por ciento en 2018 respecto a 2017. En particular el homicidio doloso creció 21.5 por ciento en el año 2017 respecto a 2016 y 34.3 por ciento en 2018 respecto al mismo periodo de 2017.
No solo fue estancamiento, fue un retroceso, pérdida de esperanza y expectativas de progreso. Desgaste de certidumbre en el futuro y de la confianza en las instituciones, así como de reforzamiento del modelo urbano de marginación. El resultado, una Ciudad marcada por desigualdades sociales y dinámicas territoriales excluyentes, es una realidad reveladora del fracaso de políticas públicas orientadas al mantenimiento de clientelas electorales.
El deterioro en los indicadores estuvo asociado a un modelo de gestión erróneo en campos esenciales de las políticas públicas. Los resultados en la política de seguridad pública y en política social son un ejemplo. Es evidente que las transferencias, bienes y servicios de la política social no llegaron a quienes más los necesitan, propiciando el aumento de la precariedad y la pobreza; en tanto las acciones en materia de seguridad pública tuvieron el efecto de multiplicar la percepción de impunidad y descalificación de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
En el campo de la calidad del medio ambiente la Ciudad vivió los episodios más agudos de baja calidad del aire y la desforestación urbana fue una constante ante el empuje de los proyectos inmobiliarios; la política de protección al medio ambiente nunca consideró alertar, al menos, sobre el deterioro del hábitat del oriente del Valle de México, provocado por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, los efectos sobre la calidad del aire de la Ciudad y el futuro de la recarga de los acuíferos del Valle de México.
El deterioro de la movilidad colocó a la Ciudad de México como la urbe con la mayor congestión vehicular, donde los habitantes deben destinar hasta una hora adicional para llegar a su destino en las horas de mayor demanda.
Seguridad, Medio Ambiente y movilidad son algunos de los retos a enfrentar en una realidad de intercambio cotidiano de más de 13 millones de personas en el espacio conurbado. Siendo un fenómeno condicionante de la efectividad o no de políticas públicas, la referencia a la conurbación sólo fue un recurso retórico, divorciado de acciones concretas en materia de coordinación, concertación o concurrencia, para articular las decisiones de gobierno en beneficio de la población de la Zona Metropolitana del Valle de México. No se avistó que los esfuerzos dentro de los límites del territorio de la Ciudad de México son menguados y muchas veces anulados por la presión desde los municipios colindantes.
El 5 de diciembre recuperamos para la política su vocación natural de servicio público, de colocar los recursos públicos al servicio de las personas. Pusimos fin a una era de política clientelar, para dar lugar a un esfuerzo sostenido de ampliación de los derechos sociales.
Asumimos el compromiso con todos los habitantes de nuestra Ciudad de trabajar para disminuir la desigualdad y construir oportunidades para el despliegue del talento social e individual hacia el desarrollo de todas y todos.
Innovación y derechos son los grandes distintivos de nuestra gestión, con esta base y orientación, durante estos primeros nueve meses de gestión, iniciamos la transformación de la desigualdad en posibilidades de desarrollo, nuestra fórmula y nuestro compromiso: ser un gobierno honrado, democrático y abierto.
Definimos, con la participación de la sociedad, tanto en un proceso amplio de consulta pública, como en un intenso diálogo en barrios y colonias durante la campaña, un programa de gobierno, con el cual delimitamos los objetivos a conseguir en seis años y las estrategias con las acciones a realizar para hacerlos realidad.
Los compromisos asumidos y las acciones a realizar para transformar nuestra Ciudad los organizamos en seis ejes con líneas de comunicación transversales: