Nos hemos propuesto establecer una nueva relación entre el gobierno y los habitantes de la ciudad con base en los principios de honestidad, austeridad republicana y buen gobierno, reconocimiento a la importancia del diálogo, la discusión, la concertación y la generación de acuerdos como método para la toma de decisiones.
Nuestro objetivo es hacer de la gobernanza la herramienta para fortalecer las relaciones con la sociedad, los Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, las entidades federativas que forman parte de la Zona Metropolitana, las organizaciones políticas y sindicales y todos los actores de la vida democrática.
Hemos establecido mecanismos permanentes de diálogo y coordinación interinstitucional con el poder legislativo local y federal. La administración ha mantenido una relación de respeto y diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Durante este periodo, el Gobierno de la Ciudad recibió 2 mil 56 puntos de acuerdo y exhortos, de los cuales 1 mil 829 fueron remitidos por el congreso local, 92 por el Senado, 93 por la Cámara de Diputados, así como 42 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Estos exhortos, comunicados y solicitudes se atendieron en tiempo y forma. Generamos 879 respuestas de diferentes dependencias a las que fueron dirigidas. La mayor parte de los puntos de acuerdo del periodo, 1 mil 277, tuvieron como destino las alcaldías y 779 fueron para 75 entidades de la administración pública local.
Con las alcaldías se han llevado a cabo reuniones de Cabildo que han permitido una mejor coordinación y colaboración para establecer políticas y programas de desarrollo de infraestructura, servicios, seguridad ciudadana y otras acciones en beneficio de la población.
En los límites norte, poniente y oriente de la ciudad habitan alrededor de 13 millones de personas, dispersos en 59 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo. A estos se suman 9 millones de capitalinos distribuidos en las 16 alcaldías. Así es como se conforma la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); espacio de intercambio, convivencia cotidiana y problemas comunes.
Durante los últimos años la acción gubernamental para atender los temas de la interacción metropolitana fue un campo abandonado por las autoridades en turno. Para dar atención a este vacío, el Gobierno de la Ciudad impulsa acciones de acercamiento con los gobiernos del Estado de México y de Hidalgo, así como con el Gobierno Federal y las organizaciones sociales, a fin de establecer mecanismos de colaboración, coordinación y concertación, y, sobre esta base, diseñar soluciones conjuntas a las necesidades de la convivencia en la ZMVM.
El 9 de enero fue suscrito por los gobiernos del Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, el Acuerdo de Intención para impulsar la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, instrumento ordenador de la estrategia de atención con el acompañamiento del Gobierno Federal.
Esta propuesta de Ley no tiene precedente en la historia legislativa del país y sigue una ruta procesal donde los ejecutivos estatales proponen una misma iniciativa a sus congresos locales, estos, una vez aprobada, tienen el derecho de enviarla a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores para su eventual aprobación.
Paralelo al trabajo de la propuesta de Ley de Desarrollo Metropolitano avanzamos en el objetivo de construir los mecanismos de coordinación; para ello, dieron inicio una serie de rondas de trabajo preparatorias para la instalación de las Comisiones Metropolitanas en materia de seguridad, medio ambiente, agua y drenaje, salud, movilidad, ordenamiento territorial, desarrollo económico y protección civil.
El Gobierno de la Ciudad de México construye, día a día, condiciones de gobernanza. Para ello fortalece la cultura de participación a partir de la recuperación de la confianza de la sociedad en las instituciones. La confianza entre sociedad y gobierno es fundamental para la regenerar el tejido social, el sentido de comunidad y la pertenencia. Estamos comprometidos con la innovación democrática, nuevas prácticas en la relación entre gobierno y sociedad. Innovamos con el reconocimiento de los derechos elementales de las comunidades, de los pueblos originarios; en la construcción de una nueva relación basada en el respeto a la pluralidad, la diversidad y la libre manifestación de las ideas.
En julio y agosto del presente año, el Gobierno de la Ciudad sometió a consulta del pueblo originario de San Miguel Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan, una acción administrativa: la construcción de un Hospital General. Esta fue la primera consulta a un pueblo originario para participar en las decisiones públicas que le conciernen. Es un orgullo para este Gobierno cumplir el mandato constitucional de salvaguardar los derechos de los pueblos originarios y reafirmar la vocación transformadora de gobernar con el pueblo y de consultar sobre cualquier obra de impacto en su comunidad.
Hemos implementado políticas integrales en contra de la violencia contra las mujeres y niñas, tomando medidas efectivas de prevención, atención y sanción para erradicarla. Ha habido avances, pero no son suficientes. Vamos a ampliarlas y potenciarlas a partir de la legítima protesta de los grupos de mujeres que luchan por erradicar la violencia de género y que se han manifestado en días recientes.
Es nuestra convicción establecer puentes de comunicación y narrativas que avancen entre gobierno y sociedad. A partir del 19 de agosto abrimos mesas de trabajo, talleres, foros públicos para que, con la aportación de la sociedad en su conjunto, generemos programas para la prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para una vida libre de violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres.
Presentamos al Congreso de la Ciudad de México un Proyecto de Decreto del Sistema Público de Radiodifusión, en el cual se establece la creación del Sistema, como organismo público descentralizado. Tiene por objetivos garantizar el derecho a la información y comunicación con carácter público; la independencia editorial; la promoción de la cultura; la libertad de expresión; la difusión de información objetiva, plural y oportuna; la formación educativa; el respeto y la igualdad entre las personas. Esto con fundamento en el artículo 16, inciso F, numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México.
El proyecto incorpora mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos y está planteada de conformidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SUDH) y el Sistema Universal de Derechos Humanos (SIDH).
Ampliamos la agenda de apertura gubernamental y el acceso a la información mediante la rendición de cuentas, la generación de controles al ejercicio de gobierno y el cierre de espacios para la corrupción; instrumentamos dos plataformas de datos abiertos para fomentar la transparencia y el combate a la impunidad.
La participación de académicos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil es importante para verificar el empeño que tiene el Gobierno de la Ciudad en bloquear espacios de corrupción. Por ello se ha constituido El Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia, espacio plural, independiente y apartidista, orientado al análisis y a la formulación de propuestas en materia de erradicación del uso clientelar y político de los programas sociales.
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa) ha elaborado el Índice de Eficacia de los Programas Sociales de la Ciudad de México, que permitirá a la población conocer el uso apropiado de los programas sociales. Asimismo, se lleva a cabo el estudio Cultura Política, Clientelismo y Condicionamiento de Programas Sociales. Ambos instrumentos contendrán información de utilidad orientada al fortalecimiento de la política social y ayudarán a reducir los espacios para la discrecionalidad y el uso clientelar de los programas sociales.
En el primer año de gobierno se aprobó la ejecución de seis evaluaciones externas de la política y los programas sociales. Los resultados permitirán hacer cambios para fortalecer el ejercicio de los derechos sociales, reducir las desigualdades y erradicar la pobreza y estarán disponibles en medios electrónicos.
Las políticas y programas sociales aprobados en el plan anual de evaluaciones externas 2019 son: la estratégica de la política social de la Ciudad de México; el diseño y operación del programa social “Mejor Escuela”; PILARES; Niñas y Niños Talento; la política alimentaria del gobierno de la ciudad y el acceso al agua.
Se ha concluido la Evaluación de Diseño y Operación del Programa Niñas y Niños Talento. Este programa se transformó en Mi Beca para Empezar que, a diferencia del primero, cubrirá a partir de este ciclo escolar, a todas las niñas y niños de primaria y secundaria pública, así como a los inscritos en educación especial.
Más allá de transparentar la información, estamos transformando la manera en que la ciudad ejerce sus recursos, es por eso que se puso en funcionamiento un nuevo modelo de adquisiciones y licitaciones denominado Tianguis Digital, con la finalidad de que las compras que se realicen para todo el gobierno y las alcaldías sean del conocimiento de la población. Esta plataforma aportará a la Administración Pública un conjunto de herramientas para planear, conducir y vigilar procedimientos de contratación de forma abierta y eficiente, y asegurar que los recursos destinados se inviertan adecuadamente.
Ya están en operación dos módulos: Padrón de Proveedores, y Oportunidades de Negocio. El primero agiliza el proceso de registro para empresas interesadas en participar en contrataciones públicas, mientras que el segundo reúne en un sólo lugar todas las convocatorias. El número de proveedores registrados es de 5 mil 186, quienes ahora cuentan con un trámite completamente digital, sin la necesidad de imprimir formatos o desplazarse a una oficina de gobierno.
Visita Tianguis Digital en el sitio tianguisdigital.cdmx.gob.mx.
El carácter de capital del país hace de la Ciudad de México la caja de resonancia nacional para la manifestación de las ideas y las demandas sociales. Esto obliga a un ejercicio abierto de gobierno, donde la atención ciudadana, el diálogo, la concertación y el cumplimiento de acuerdos, sean las principales herramientas para mantener la gobernabilidad y atender las demandas de la población. El respeto a todas las expresiones es un principio irreductible para el actual gobierno.
El 5 de diciembre de 2018 anunciamos la desaparición del cuerpo de granaderos como garantía de la voluntad de este gobierno para que las políticas públicas sean producto del diálogo y la concertación, con respeto a la libre manifestación.
Durante el periodo que comprende el presente informe, atendimos 2 mil 160 movilizaciones públicas, de las cuales 1 mil 083 fueron de competencia local y 1 mil 077 federal con un aproximado de 571 mil 112 asistentes. De éstas, 757 fueron concentraciones, 481 bloqueos, 534 mítines, 301 marchas y 87 plantones.
Para la atención de la demanda ciudadana se realizaron 2 mil 032 mesas de trabajo para atender movilizaciones públicas en temas como: vivienda, comercio en vía pública, servicios urbanos, regularización territorial, transporte, seguridad pública, laboral y programas sociales, entre otros. Destacan 102 reuniones con grupos indígenas residentes en la ciudad, entre ellos artesanos de las etnias mazahua, otomí, triqui y zapoteca, para la consolidación de 75 ferias expo-venta de artesanías en diferentes espacios.
Con relación a las obras de impacto metropolitano, como la ampliación de la línea 12 del Metro, se han establecido mesas de atención y de mediación entre vecinos e instancias de gobierno encargadas de los proyectos para mitigar las afectaciones y, en su caso, promover la reparación de daños.
Este gobierno impulsa nuevas prácticas orientadas en la recuperación de la confianza de la sociedad y en cimentar la gobernanza como el hábitat de la relación entre pueblo y gobierno.
La atención cercana, oportuna y humana es prioridad para dar respuesta a la demanda ciudadana. La Jefa de Gobierno atiende personalmente a las y los ciudadanos de martes a viernes, de 6:00 a 7:00 de la mañana, para escuchar su situación y agilizar los tiempos de respuesta de sus demandas. En lo que va del año, se llevaron a cabo 220 reuniones de atención personalizada y se siguieron 104 audiencias públicas, con resolución individual.
El Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) es la herramienta digital que permite a los capitalinos levantar sus denuncias, quejas, comentarios, reportes, sugerencias y peticiones vecinales a través de medios digitales como la aplicación Alameda Central, las redes sociales del Gobierno de la Ciudad vía “Victoria”, o por mensajes de texto (SMS). Gracias a este nuevo sistema, ya no es necesario conocer a qué alcaldía, dependencia y/o entidad gubernamental dirigir una petición, puesto que el SUAC analiza todas las solicitudes y las turna hacia la entidad correspondiente.
Poco más de 50 mil solicitudes han sido procesadas a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) ha dado atención a 11 mil 862.
El nuevo modelo de atención ciudadana busca establecer un teléfono único para que el servicio LOCATEL se transforme en un sistema Open311, integrando los reportes de no emergencias con el objetivo de unificar, transparentar y hacer accionable la atención a los ciudadanos.
La primera medida para la creación de un número único fue la migración de las funciones del 072 hacia LOCATEL, lo que derivó en un ahorro económico de 48 millones de pesos para este año.
Con los ahorros generados por la renegociación de los contratos de servicios de telefonía, el Gobierno de la Ciudad tuvo presupuesto para invertir en la mejora de las condiciones laborales e incremento salarial de las personas que trabajan como operadores de telefonía en el Centro de Atención Ciudadana LOCATEL y del Centro de Atención a Emergencias 911. Por medio de estos servicios el Gobierno ha dado atención a más de 3 millones de llamadas, con un promedio diario de 18 mil. El 1 de mayo LOCATEL puso en operación la Línea de Atención a la Diversidad Sexual, la cual brinda a los miembros de la comunidad LGBTTTIQA asesoría psicológica, jurídica y médica, así como el levantamiento de reportes para la atención de casos por discriminación.
Los derechos humanos son esenciales para toda sociedad democrática. La Ciudad de México, atendiendo al mandato constitucional local, contará por primera vez con un Sistema Integral de Derechos Humanos, el cual será el instrumento de concertación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los organismos autónomos, las alcaldías y la sociedad civil para garantizar su efectividad. La operación del Sistema será garantía para que la planeación, la implementación de las políticas públicas y toda acción de gobierno, cuente con un enfoque similar.
Entregamos al Congreso local el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México que mandata la Constitución. El proyecto es producto de diversas voces de la sociedad civil y la academia, incluye un Sistema Integral de Derechos Humanos como un instrumento para la concertación y el establecimiento de relaciones vinculantes entre los poderes, los organismos autónomos constitucionales, las alcaldías, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, con el fin de consolidar la efectividad y la garantía de los derechos humanos.
La alineación de incentivos de la acción gubernamental con la sociedad civil y otras formas de participación social para que el Sistema Integral apuntale la forma en que las personas ejercen su derecho a la ciudad mediante una gestión que permita canalizar y conciliar la agenda de gobierno y las demandas sociales. Es una reingeniería del Programa de Derechos Humanos que permitirá generar diagnósticos a partir de información oficial local, identificar problemas públicos o necesidades de grupos de atención prioritaria y alternativas de solución. Se busca un gobierno abierto en materia de derechos humanos que defina los lineamientos para la construcción de una plataforma integral de seguimiento de indicadores que den cuenta de la situación del ejercicio de los derechos y las brechas de desigualdad.
Para acercar el gobierno a la ciudadanía hemos puesto en operación Espacios de Participación donde más de 200 organizaciones sociales dialogan con representantes de 82 instancias del gobierno para la ejecución y seguimiento a estrategias concretas del Programa de Derechos Humanos.
En el periodo que abarca el presente informe ampliamos la vinculación con las organizaciones sociales; fortalecimos el trabajo de colaboración para el seguimiento de los 19 derechos y 11 grupos de población que se derivan del Programa de Derechos Humanos. Asimismo, iniciamos el trabajo en 22 de los 26 Espacios de Participación del Programa, logrando la implementación de acciones concretas orientadas al goce de los mismos.
El Gobierno de la Ciudad ha promovido sinergias con la sociedad para incorporar el enfoque de derechos en el proyecto de actualización del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México.
Asimismo, en el Espacio de Participación de Derecho a la Identidad de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, establecimos una ruta de trabajo que abonó en la construcción de un Modelo de Atención Integral para estas personas.
Los vínculos para alcanzar el ideal de una ciudad de derechos incluyen las nueve mesas de trabajo de la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México.