Buscamos la integración de funciones y la articulación institucional en todos los niveles de gobierno, y su vinculación permanente con la ciudadanía, a través de un Sistema de Seguridad Ciudadana con capacidad de anticiparse a los riesgos y amenazas, que involucre a las instituciones de seguridad, y que se rija por el objetivo común de conseguir y mantener la paz social.
Realizamos un arduo trabajo y diversas acciones conjuntas para fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal en materia de seguridad:
Trabajamos de manera coordinada con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México que cuenta con una amplia oferta en materia de prevención del delito y promoción de la cultura de la legalidad.
Promovemos el canje de armas de fuego y municiones por dinero en efectivo, este programa contribuye a la disminución de los altos índices de violencia y ayuda a generar conciencia sobre los riesgos de la posesión de armas de fuego y municiones. En el periodo de este informe destruimos 3 mil 612 armas de diverso tipo y calibre: cortas y largas, granadas, estopines, cartuchos de dinamita y municiones. Se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional para su destrucción.
El Gabinete está conformado por la Jefa de Gobierno, quien lo preside, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Sesiona todos los días del año. Con el trabajo interinstitucional creamos mecanismos de coordinación, inteligencia e intercambio de información, a través las mesas de trabajo mixtas y multisectoriales, que facilitan el adecuado tratamiento de casos de alto impacto y la judicialización de los asuntos ante el Ministerio Público.
Trabajamos con las alcaldías mediante Gabinetes de Seguridad locales. Se establecen estrategias conjuntas, preventivas y operativas de atención a los delitos, a través de diagnósticos y acciones específicas para su abatimiento.
Presentamos ante el Congreso local para su aprobación, un proyecto de iniciativa de ley en materia de seguridad ciudadana, que expide, el 1 de agosto de 2019, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esta ley ratifica que la función de seguridad es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México.
Con este marco normativo actualizado, se definen atribuciones y mecanismos de coordinación, y articulamos el funcionamiento de las instituciones de seguridad de la ciudad con los componentes de inteligencia, prevención, proximidad, investigación, reacción, custodia, atención a las víctimas del delito y la coordinación con el Gobierno Federal.
Promovimos la Ley de Cultura Cívica publicada el 8 de junio de 2019. Ampliamos la infraestructura de impartición de justicia pronta y expedita, ahora la Ciudad de México cuenta con 70 juzgados cívicos en las 70 coordinaciones territoriales, 5 en Centros de Justicia para Mujeres y el Sistema de Transporte Colectivo Metro y 10 itinerantes para alcoholímetro y reventa de entradas.
Lanzamos, por primera vez en diez años, una convocatoria pública y abierta para la selección de servidores públicos, se inscribieron más de 6 mil aspirantes, y se seleccionaron para cubrir los cargos de 50 jueces cívicos, 50 secretarios de juzgado y 108 auxiliares.
Operamos de manera continua el programa Conduce Sin Alcohol para prevenir accidentes de tránsito debido a la ingesta no moderada de bebidas. Realizamos 417 jornadas de revisión y se instalaron 3 mil 351 puntos de revisión.
Asumimos como tarea prioritaria fortalecer la procuración de justicia mediante la pronta, expedita y eficiente persecución del delito para recuperar la confianza de los ciudadanos y abatir la impunidad.
Estamos trabajando para transformar la arquitectura operativa de la Procuraduría General de Justicia, con una nueva estrategia para superar la saturación del sistema de aplicación de justicia, en el marco del respeto pleno de los derechos humanos.
Estamos fortaleciendo el trabajo técnico y el desempeño institucional de la Procuraduría, a partir de la incorporación de personas servidoras públicas de alta y comprobada experticia policial e inteligencia; la reorganización de la atención ciudadana y la coordinación técnica para aprovechar al máximo la capacidad investigadora y litigante; y, el fortalecimiento de las culturas de denuncia y de legalidad en los asuntos de procuración de justicia.
El 6 de diciembre de 2018 iniciamos la transformación constitucional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con la instalación de la Comisión Técnica de Transición, nombrada por el Congreso local, como órgano colegiado encargado del proceso de planeación y conducción para la transición hacia la Fiscalía.
Se creó la Unidad de Implementación del Proceso de Transición, responsable del seguimiento del plan que establezca la Comisión Técnica. La creación de esta unidad se realiza conforme a lo mandatado en la Ley de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Incorporamos la firma electrónica y la conexión interinstitucional con las dependencias competentes en la operación del sistema de justicia penal, lo que permite garantizar la información en el proceso; estandarizar, facilitar y hacer eficiente los procesos sustantivos, mejorar la calidad y reducir los tiempos de atención a la ciudadanía.
Desarrollamos un módulo para la visualización de videos de audiencias que está a prueba en las Fiscalías Desconcentradas en Investigación en Cuajimalpa e Iztapalapa, Fiscalías Centrales de Investigación de Delitos Sexuales y la de Atención del Delito de Narcomenudeo y Juzgados Penales Sur y Oriente.
Hicimos 11 mil 507 visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público para la correcta integración de 28 mil 718 carpetas de investigación y averiguaciones previas.
A través de la Agencia de Quejas atendimos 6 mil 942 reportes de la ciudadanía, que desahogamos en 6 mil 691 quejas y orientaciones legales, de las cuales 4 mil 802 atenciones se resolvieron de manera directa.
Por conducto de la Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos, instruimos 3 mil 807 expedientes de queja e instrumentamos procedimiento administrativo o penal a 2 mil 584 personas servidoras públicas; se iniciaron 3 mil 557 carpetas de investigación por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y negación del servicio público, que permitió vincular a proceso a 70 elementos de los tres órganos del gobierno local.
A través de la Unidad de Monitoreo y Supervisión en Línea realizamos 14 mil 203 supervisiones de video-vigilancia en las agencias del Ministerio Público, y la fiscalización en línea de 2 mil 111 carpetas de investigación y averiguaciones. Revisamos 110 mil 740 con propuestas de reserva o de no ejercicio de la acción penal, que resulta en un incremento de más de 1 mil 500 carpetas en comparación con mismo periodo de 2018.
Llevamos a cabo 240 mil 278 acciones de defensoría, asesoría y patrocinio jurídico con lo que se fortalecen los principios de presunción de inocencia, del debido proceso y el derecho a una defensa efectiva y de calidad.
Como una acción afirmativa, logramos mejorar la atención a las personas indígenas con la asistencia de dos Defensores Públicos intérpretes y/o traductores para defensa penal, certificados en la traducción de lenguas indígenas.
Hicimos una revisión exhaustiva de la base de datos del Sistema de Información de Estadística Criminal y se confrontó con la primera entrevista contenida en la carpeta de investigación.
Para el periodo de enero a noviembre de 2018 se detectó la omisión de 24 mil 26 delitos de alto impacto que en su momento fueron registrados como denuncia de hechos u otros delitos de bajo impacto.
Ante el manejo faccioso de la información estadística criminal, se ajustaron las cifras de este periodo para conocer la situación real: se pasó de 32 mil 506 a 56 mil 532 delitos de alto impacto, que representó un incremento del 73.9% con respecto a lo reportado. De forma inmediata, se reactivaron las investigaciones para agotar las líneas de investigación y determinarlas debidamente.
Por primera vez en la Ciudad de México, se publica información de todas las carpetas de investigación iniciadas en las diversas Agencias del Ministerio Público, con sus respectivos delitos, en la Plataforma de Datos Abiertos de la Ciudad de México: https://bit.ly/2KUxygq. Esto permite dar certeza de las cifras de la estadística delictiva.
Iniciamos 160 mil 961 carpetas de investigación del fuero común y pusimos 36 mil 607 personas que cometieron delito flagrante a disposición del Ministerio Público, lo que representa un promedio diario de 153 sujetos.
A través de la Policía de Investigación, se puso a disposición ante el Ministerio Público a 7 mil 197 personas, probables responsables de algún delito con un promedio diario de 30.
En materia de persecución y detención de delincuencia, se capturaron a 351 pandillas por delitos de alto impacto, integradas por 1 mil 235 personas, un promedio diario de 5 integrantes aprehendidos. Esto representó un incremento del 117% respecto al último año de la pasada administración.
Es importante destacar que la incidencia delictiva en materia de lesiones dolosas por arma de fuego disminuyó 13.4%, robo a pasajero a bordo del Metro 13.6% y robo a transeúnte en vía públicas 18.3% durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esto, refrendamos el compromiso de continuar con la reducción de los delitos de alto impacto, a través de un trabajo de inteligencia, investigación criminal y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia, Consejo Ciudadano y Alcaldías, en sinergia con la Guardia Nacional.
Dictamos sentencias mediante juicio oral en 619 carpetas de investigación por delitos de alto y bajo impacto, donde fueron condenadas 505 personas. Asimismo, fueron sentenciadas 5 mil 654 personas mediante una terminación anticipada, un aumento de 52.5% de personas condenadas en juicio oral en comparación con el mismo periodo anterior.
En materia de extinción de dominio, presentamos 44 demandas y se han emitido 20 sentencias, entre ellas 12 favorables al Gobierno de la Ciudad de México.
Para atender casos de feminicidio, iniciamos 23 carpetas de investigación, de las cuales 20 se encuentran en proceso de integración y 3 han sido judicializadas.
Para combatir el narcomenudeo, abrimos 691 carpetas de investigación y detuvimos a 1 mil 631 personas; se vinculó a proceso a 1 mil 185 y 304 a prisión preventiva justificada. Aseguramos 33 inmuebles de los que se solicitará la acción de extinción de dominio.
Impulsamos la Unidad de Inteligencia Social, un modelo de trabajo coordinado de los servicios de atención y prevención del delito, garantizando su accesibilidad, continuidad e integralidad en la procuración de justicia. Se integra por 71 Agentes de la Policía de Investigación, todas ellas mujeres, que participan a diario en las juntas de gabinete en las Coordinaciones Territoriales.
El trabajo en esta Unidad ha permitido la realización de 7 mil 415 reuniones de gabinete, 1 mil 304 reuniones vecinales, 2 mil 375 recorridos, 377 visitas domiciliarias, 135 acompañamientos a víctimas, 1 mil 897 investigaciones de campo y 1 mil 458 de gabinete.
Diseñamos un esquema centralizado para combatir el delito de homicidio doloso que tanto ha vulnerado a la sociedad, a través de la creación de 5 Unidades de Criminalísticas de Proximidad con el apoyo y asesoría de la Embajada de Francia.
Para el fortalecimiento de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, se establecen nuevos lineamientos que han permitido el inicio de 170 carpetas de investigación y 10 por el delito de feminicidio, en el que se detuvieron a 33 personas.
Emitimos 276 mil 229 dictámenes periciales, durante el periodo de este informe, a partir de estudios especializados con el apoyo de herramientas tecnológicas, con el fin de aportar elementos esenciales en la investigación y persecución de los delitos por la autoridad competente.
Actualizamos la base de datos del Sistema Informático de Secuencias Genéticas (Sisgen), y reactivamos el equipo de laboratorio de química especializado en detección de drogas, lo que facilitó la investigación e hizo posible identificar 27 casos positivos.
Cumplimos con la regulación, operación y administración de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Durante el periodo del presente informe, la población en reclusión disminuyó un 2.1%, al pasar de 26 mil 195 a 25 mil 641 personas.
Reforzamos las acciones de reinserción social y, en materia de educación y trabajo, en colaboración con asociaciones civiles y el sector privado, con este modelo 14 mil 974 personas participaron en actividades laborales, empresa productiva, industria penitenciaria, autoconsumo, capacitación laboral y autoempleo; 20 mil 343 participaron en 1 mil 800 cursos de capacitación para el trabajo: plomería, carpintería, reparación de PC y Laptop, turismo y finanzas, cultivo y crianza, muebles de madera y ebanistería, entre otros; y, 17 mil 461 se incorporaron a actividades educativas, de ellas 9 mil 121 obtuvieron certificados o constancias por su participación.
Por primera vez en su historia, las cárceles se han convertido en proveedoras del Gobierno de la Ciudad con productos de calidad y precios competitivos, por ejemplo, la pintura elaborada en el Reclusorio Oriente, y los trabajos de manufactura de uniformes.
En años recientes, hemos sido testigos de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante los desastres naturales. El sismo de 2017 nos alertó sobre la importancia de conocer los riesgos, estar mejor preparados y contar con instituciones responsables de las tareas de gestión y protección civil.
Estamos fortaleciendo el Sistema de Gestión Integral de Riesgos con políticas transversales e innovadoras para hacer de esta ciudad, una ciudad segura y resiliente.